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El ejecutivo considera que se solventará el dilema de los intereses de las stablecoins.
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Los bancos han fijado postura contra la normativa, si beneficia a los rendimientos de stablecoins.
La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos parece tener una fecha definitiva en el calendario legislativo. Patrick Witt, director ejecutivo del Crypto Council y figura clave en las recientes negociaciones en la Casa Blanca, estimó que el presidente Donald Trump firmará la Ley Clarity el próximo 3 de abril.
Esta declaración fue realizada durante el evento Ondo Summit, celebrado en Nueva York. En él, el empresario mostró optimismo sobre el avance de la normativa que busca estructurar el mercado de los criptoactivos en el país norteamericano.
El anuncio de Witt fue respaldado por Patrick McHenry, excongresista y defensor de la industria de las criptomonedas, quien calificó la fecha del 3 de abril como una meta «bastante realista».
Según McHenry, la celeridad del proceso responde al esfuerzo por garantizar que el desarrollo tecnológico, basado en registros distribuidos, regrese a territorio estadounidense. Así, posicionando nuevamente a la nación como un centro neurálgico para la innovación financiera y los activos digitales.
Un ultimátum para destrabar la Ley Clarity
Esta proyección surge tras una reunión técnica de alto nivel celebrada este lunes en la Casa Blanca. Durante dos horas, especialistas en políticas y cumplimiento de empresas como Coinbase, Circle y Fidelity se sentaron con representantes de la American Bankers Association (ABA) para discutir los puntos críticos de la propuesta de ley.
El principal obstáculo de la Ley Clarity reside en el tratamiento de las stablecoins vinculadas al dólar. Específicamente, el dilema se centra en si estos activos podrán ofrecer rendimientos o intereses a sus usuarios.
Mientras que el sector tecnológico aboga por esta posibilidad, la banca tradicional mantiene una postura firme en contra, argumentando que dichos rendimientos podrían generar una competencia desleal con los depósitos bancarios tradicionales si no se rigen bajo las mismas normativas bancarias.
Fuentes cercanas al proceso indican que la administración de Donald Trump ha emitido un ultimátum. Ambos sectores deben alcanzar un acuerdo sobre este punto antes de que termine febrero.
De no resolverse este conflicto, las posibilidades de que la legislación prospere durante el presente año fiscal serían mínimas, lo que retrasaría la definición de competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC).
La Ley Clarity (o Digital Asset Market Clarity Act) busca establecer un marco regulatorio integral en Estados Unidos que elimine la incertidumbre legal sobre la naturaleza de los activos digitales. Su objetivo central es definir con precisión qué monedas digitales funcionan como materias primas, bajo la supervisión de la CFTC, y cuáles deben ser tratadas como títulos valores, bajo el control de la SEC.
Además, la normativa pretende integrar formalmente a las stablecoins en el sistema de pagos nacional, exigiendo respaldos de reserva 1:1 y estableciendo reglas claras de competencia para los intermediarios financieros y las plataformas de intercambio.
Críticas al enfoque regulatorio
A pesar del optimismo oficial, algunos analistas consideran que el debate actual desvía la atención de lo verdaderamente importante.
Pierre Rochard, CEO de The Bitcoin Bond Company, calificó la discusión sobre los rendimientos de las criptomonedas estables como una «gran distracción». Según Rochard, el enfoque regulatorio debería priorizar el protocolo de Bitcoin, considerándolo el eje fundamental para la política monetaria y tecnológica del país frente a activos que solo replican el sistema fíat tradicional.
Aun con estas discrepancias, Patrick Witt calificó el encuentro en la Casa Blanca como «constructivo y orientado a soluciones». Esto, asegurando que se han logrado avances en puntos que anteriormente se consideraban intratables.
La resolución de este conflicto definirá si el 3 de abril se convierte, efectivamente, en el punto de partida de una nueva era legal para el bitcoin y los activos digitales en los Estados Unidos.
