La jueza de distrito Jeannette Vargas desestimó una demanda civil masiva que buscaba responsabilizar a Binance y a su cofundador, Changpeng Zhao (CZ), por facilitar transacciones vinculadas a 64 ataques terroristas en todo el mundo.
La decisión judicial no se centró en si los grupos terroristas usaron o no la plataforma, sino en la responsabilidad legal directa. La jueza Vargas determinó que los demandantes no lograron probar una «asociación culpable».
Para el tribunal, la relación entre Binance y las organizaciones señaladas fue meramente comercial y «distante». En términos sencillos: tener una cuenta en un sitio no convierte al dueño del sitio en cómplice de los crímenes del usuario, a menos que exista un deseo explícito de que tales crímenes ocurran.
Tras conocerse el fallo, Changpeng Zhao no tardó en acudir a la red social X para defender la integridad de su modelo de negocio. Bajo la premisa de que «la verdad siempre llega con el tiempo», CZ explicó su perspectiva con una lógica financiera fría.
No existe absolutamente ningún motivo para que un CEX tenga algo que ver con terroristas. Imagino que no operan activamente (nada de ingresos por comisiones). Pueden intentar depositar y luego retirar de inmediato (esto tampoco genera ganancias).
Changpeng Zhao (CZ), cofundador y ex-CEO de Binance
CZ enfatizó que, más allá de la ética, el financiamiento ilícito es simplemente un mal negocio que solo aporta riesgos regulatorios y operativos sin beneficios económicos.
El choque de perspectivas: ¿crimen o herramienta?
Este fallo llega en un momento de máxima fricción política. Mientras figuras como la senadora Elizabeth Warren insisten en que las criptomonedas son el «nuevo método favorito» de los criminales para evadir sanciones, la justicia parece exigir un estándar de prueba mucho más alto que la retórica política.
Tal como ha informado Criptonoticias, a pesar de esta sentencia, el Senado de EE. UU. mantiene a Binance bajo la lupa acusando a la plataforma por sus fallos históricos en controles de identidad (KYC). Sin embargo, la decisión del tribunal sugiere que la brecha entre la negligencia administrativa y la complicidad terrorista es, legalmente, un abismo.
El camino no está totalmente despejado. La jueza ha dejado la puerta abierta para que los demandantes presenten una queja enmendada. El futuro de Binance depende ahora de si logra separar definitivamente sus operaciones de cualquier actor malintencionado, en un ecosistema de criptomonedas que sigue bajo la lupa de los reguladores.
