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La propuesta regulatoria guarda similitudes con otras que se han presentado en la región.
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El director de Bitcoin Dominicana, Pedro Vital, cuestiona el proyecto de ley.
Un nuevo marco regulatorio para bitcoin (BTC) y las criptomonedas llegó a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. El proyecto, denominado “Ley para la Prevención, Control y Regulación de las Criptomonedas”, fue depositado formalmente en la Secretaría General Legislativa por Carlos De Pérez y redactado por el magistrado Argenis García del Rosario.
La iniciativa, presentada el pasado 16 de marzo, surge tras un crecimiento del 52% en el uso de estas tecnologías en el país durante el último año, de acuerdo con De Pérez. El mismo busca, según sus proponentes, mitigar riesgos de fraude y proporcionar una estructura de fiscalización clara para el mercado de criptomonedas nacional.
Esta propuesta legislativa, que guarda similitudes con las que se han presentado en otros países de la región, como México y Colombia, define a bitcoin y otros activos digitales como bienes sujetos a tributación, estableciendo que los beneficios generados por su intercambio o venta deberán pagar impuestos de forma similar a otros activos financieros.
Uno de los puntos neurálgicos de la ley es la creación de una “Calidad Certificante”, una licencia que la Superintendencia de Valores otorgaría a las casas de cambio y custodios para operar legalmente.
Además, el texto reconoce el derecho de los comercios a fijar precios de bienes y servicios directamente en monedas digitales, aunque obliga a los proveedores a informar exhaustivamente sobre la volatilidad y la irreversibilidad de las transacciones.
Según el diputado Carlos De Pérez, el proyecto está «diseñado para traer orden y seguridad al ecosistema digital» en la República Dominicana.
Pese a las intenciones de transparencia, miembros de la comunidad local de bitcoin en República Dominicana han manifestado una postura crítica. Por ejemplo, Pedro Vital, director de la organización Bitcoin Dominicana, cuestionó la originalidad de la pieza.
En declaraciones a KriptoNoticias, señaló que el proyecto parece copiar modelos extranjeros, como el europeo con la ley MiCA, debido a que establece la figura de un registro para proveedores de servicios de criptoactivos, así como un enfoque sobre la estabilidad financiera y los riesgos del mercado de criptomonedas. A juicio de Vital, esta es una práctica que, a menudo, regula industrias antes de que estas terminen de nacer.
Vital sostuvo que regular sin realizar una investigación de campo propia en el contexto dominicano es una forma de especulación que podría frenar una oportunidad de desarrollo para el país.
Según el líder de la organización bitcoiner, la comunidad local debió ser parte integral de la conversación para evitar normativas que no se ajusten a la realidad nacional.
En una línea similar, el emprendedor y entusiasta tecnológico Alexis Díaz Holguín, conocido como MarcianoTech, advirtió sobre los peligros de una legislación restrictiva. Al comparar la situación con modelos más abiertos como el de El Salvador o la tendencia actual en Estados Unidos, señaló en comentarios a este medio que una regulación excesivamente rígida suele ahuyentar el talento y la inversión hacia jurisdicciones con entornos más favorables.
Desde su visión, la República Dominicana posee el potencial de diversificar su economía más allá del turismo, siempre que se fomente un enfoque que incentive la innovación en lugar de imponer barreras burocráticas innecesarias.
