La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal de México que opera a nivel nacional, ha exigido al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) un pago de 16,6 millones de pesos. La demanda se produce tras descubrir una supuesta conexión ilegal de electricidad en una granja clandestina de criptomonedas.
La CFE ha solicitado al sindicato este pago como compensación por el consumo de electricidad que no se ha facturado entre febrero y abril de este año. Este consumo se detectó en una instalación del sindicato en El Oro, Estado de México. La notificación oficial de la empresa fue entregada al SME a través de un aviso de cobro.
Según el documento de cobro, firmado por Mayra Alejandra Ávila Amaya, encargada de la zona comercial Atlacomulco, se descubrió una conexión eléctrica irregular en la red general de distribución en una revisión técnica realizada el 28 de mayo. Esta instalación no contaba con contrato ni con un sistema para medir el consumo de electricidad, lo que llevó a la CFE a considerar esta situación como un uso indebido de la electricidad.
El análisis técnico realizado por la CFE determinó que en un solo bimestre se consumieron cerca de 6 millones de kilowatts-hora sin que se registrara ni se pagara por este consumo. Esta cifra ha avivado las sospechas de que el edificio en cuestión se estaba utilizando para la minería de criptoactivos, como podría ser bitcoin (BTC).
La CFE ha dado al SME un plazo de tres días hábiles para pagar el adeudo. Si no se realiza este pago dentro del plazo establecido, el SME tendrá que asumir intereses moratorios del 6% anual.
Este incidente es el último de una serie de acontecimientos que han llevado a sospechar que el lugar se estaba utilizando como granja de minería. Entre las pruebas se incluye un video grabado por un ex empleado de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la antigua empresa pública mexicana responsable de la generación y distribución de energía eléctrica. En este video se pueden escuchar ruidos similares a los que generan los ventiladores industriales, apoyando la hipótesis de la actividad minera.
Mario Benítez, ex empleado de LyFC y uno de los denunciantes, ha criticado a la CFE por limitarse a exigir un pago correspondiente a dos meses. Según testimonios de otros electricistas en El Oro, la supuesta granja de minería podría haber estado en funcionamiento durante más de un año.
Benítez ha recordado que el uso ilegal de la energía se considera un delito de robo, que puede ser castigado con hasta diez años de prisión, según el Código Penal Federal. Por lo tanto, ha pedido que se inicien acciones legales ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de exigir el pago.
Según la empresa estatal, la cantidad de electricidad que supuestamente se ha robado superaría los 100 millones de pesos. Cabe destacar que las operaciones clandestinas de minería de criptomonedas también generan preocupaciones en relación con posibles delitos como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
En este contexto, Benítez ha instado al gobierno federal a dejar de proteger a la dirección del SME, liderada por Martín Esparza Flores. Según Benítez, las pruebas recogidas justifican una investigación más profunda.
