La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina ha impuesto restricciones sobre las billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, tras identificar potenciales nexos con organizaciones internacionales de financiamiento al terrorismo.
El plan fue implementado después de que la UIF recibiera datos de dos fuentes distintas, una local y otra internacional, alertando sobre operaciones inusuales en el ámbito de los criptoactivos.
A partir de los datos obtenidos, se realizó un seguimiento de los movimientos que permitió identificar conexiones entre transacciones realizadas en Argentina y cuentas que habían sido previamente marcadas por organismos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, y la Oficina Nacional para el Financiamiento contra el Terrorismo (NBCTF) de Israel.
La indagación está focalizada en dos individuos. Uno de los principales sospechosos vive en Argentina y posee pasaporte ruso. Aunque su identidad se mantiene confidencial por razones judiciales, las autoridades confirmaron su participación en operaciones con exchanges y plataformas de criptomonedas.
Se sospecha que las cuentas asociadas a este individuo habrían transferido fondos a organizaciones más grandes, vinculadas a personas que han sido sancionadas por Washington por colaborar con grupos extremistas.
El segundo individuo señalado reside fuera de Argentina y ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su supuesta implicación en el financiamiento de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), una organización insurgente asociada a la antigua filial siria de Al Qaeda, el Frente al-Nusra.
A pesar de que HTS ha declarado su independencia de Al Qaeda, muchas agencias internacionales todavía la consideran una organización extremista activa.
La UIF justificó sus acciones basándose en el artículo 6 de la ley 27.734, que permite la congelación administrativa de activos cuando existen sospechas fundamentadas de vínculos con el terrorismo. La medida fue respaldada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien estuvo a cargo durante la feria judicial, y luego derivó el caso al juzgado de Julián Ercolini.
A pesar de que las transacciones iniciales eran de pequeñas cantidades, la investigación mostró que estos fondos terminaban en cuentas con saldos significativamente más grandes.
Según informes locales, la UIF ha aclarado que hasta el momento no se han detectado planes de ataques en Argentina relacionados con estas operaciones.
No obstante, recalcaron que Argentina, acorde con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tiene la obligación de actuar de manera preventiva frente a cualquier indicio de actividad financiera irregular vinculada al terrorismo, independientemente del monto involucrado.
Esto llevó a la congelación de los activos digitales, pero aún no se ha revelado qué plataformas de billeteras virtuales se utilizaron o si la operación contó con la colaboración de algún exchange de criptomonedas registrado en el país.
La investigación sigue en curso y se espera que se tomen nuevas medidas en coordinación con la justicia y organismos internacionales.
