Arizona House of Representatives ha aprobado el proyecto de ley 2324 que propone la formación de un fondo de reserva de bitcoin (BTC) y otros activos digitales. Tras una votación de 34 favorables contra 22 contrarios, el proyecto de ley progresa a la oficina de la gobernadora Katie Hobbs, quien tendrá la última palabra sobre su implementación al manejar los activos digitales incautados.
Esta medida legislativa se ha desarrollado en respuesta a los vetos previos de la gobernadora. Es importante destacar que este es el cuarto proyecto de ley de reserva de bitcoin que se ha aprobado en el Congreso de Arizona. Sin embargo, de los tres primeros, dos fueron vetados por la gobernadora y tan solo uno recibió su aprobación.
En este caso, en vez de asignar fondos públicos para adquirir monedas digitales, el proyecto evita este enfoque al centrarse únicamente en los activos confiscados mediante procedimientos de decomiso criminal.
Este enfoque, considerado “prudente”, incrementa significativamente las posibilidades de que la ley sea promulgada, señalando un cambio de táctica en el deseo de varios legisladores de establecer una reserva estratégica de BTC.
Si se aprueba, la ley permitiría al estado administrar y custodiar estos activos digitales bajo nuevos protocolos. El plan de distribución destina los primeros 300,000 dólares de cada decomiso a la Fiscalía General, mientras que el resto se divide entre distintos fondos estatales.
Según la ley, “Los activos digitales confiscados se venden en plataformas seguras aprobadas por el estado. Los primeros USD 300,000 de la venta van a la Oficina del Fiscal General; si excede esa cantidad, el resto se divide: 50% al Fiscal General, 25% al fondo general del estado y 25% al Fondo de Reserva de Bitcoin y Activos Digitales”.
La propuesta HB2324 establece la creación de un fondo específico, administrado por el Tesorero del Estado, para almacenar, administrar y asignar los activos digitales confiscados. Este depósito aceptará una variedad de activos como bitcoin y criptomonedas, y su uso estará estrictamente sujeto a la aprobación legislativa.
Se podrá utilizar estos recursos para cubrir los costos de investigación, compensar a las víctimas de los delitos asociados o financiar otras actividades directamente vinculadas al proceso de decomiso.
Esta estructura sitúa a Arizona en una nueva etapa de supervisión regulatoria, creando un posible modelo para otros estados que buscan integrar activos digitales en sus operaciones, aunque no necesariamente para ahorro.
Ahora, todos los ojos están puestos en la gobernadora Hobbs. Los analistas y legisladores están observando atentamente, anticipando que el enfoque estructurado y de bajo riesgo de la HB2324 minimiza las objeciones que han hundido iniciativas previas.
Como se informó anteriormente, a principios de mayo, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, firmó la ley HB 2749, autorizando la creación de la primera reserva de criptomonedas del estado. Esta legislación permite que activos digitales no reclamados, airdrops y recompensas por staking se asignen a un fondo especial, aunque no autoriza inversiones directas.
