El panorama de la minería de Bitcoin en el norte de Sudamérica ha tomado rumbos opuestos en la primera semana de mayo de 2026. Mientras el gobierno de Colombia comienza a proyectar la actividad como una herramienta de desarrollo económico y social vinculada a energías limpias, el gobierno de Venezuela ha ratificado un veto absoluto para intentar frenar el colapso de su sistema eléctrico.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó el 5 de mayo de 2026 su interés en integrar la minería de Bitcoin a la matriz económica del país. El enfoque colombiano se centra en el aprovechamiento de excedentes de energía limpia para monetizar recursos que actualmente se consideran «encerrados» o subutilizados.
Petro destacó que la viabilidad de esta industria depende estrictamente de su fuente energética. Advirtió que el uso de combustibles fósiles para minar criptomonedas agravaría la crisis climática.
Sin embargo, identificó una oportunidad estratégica en regiones con alto potencial renovable. Específicamente, propuso que ciudades del Caribe como Santa Marta, Barranquilla y Riohacha exploren proyectos de minería digital.
Un punto clave de la visión colombiana es la inclusión social. El mandatario planteó modelos de negocio donde comunidades locales, como la etnia Wayú en la Guajira, participen como socias en iniciativas que combinen generación de energía y tecnología de cómputo intensivo.
De esta forma, Colombia busca replicar lo que ocurre en Paraguay, que utiliza su excedente hidroeléctrico para atraer inversión extranjera directa, transformando energía en activos digitales líquidos.
En contraste, el Gobierno de Venezuela, tal como lo reportó KriptoNoticias el 7 de mayo de 2026, ratificó la permanencia de una prohibición total de la minería de criptomonedas.
La medida responde, de acuerdo con el gobierno, a una crisis energética crítica: el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) registró una demanda histórica de 15.579 megavatios (MW), la más alta en casi una década, en un contexto donde el 35% de los hogares sufre racionamientos diarios.
A pesar de que en 2020 se intentó regular la actividad a través de la Sunacrip y el Registro Integral de Mineros (RIM), las autoridades han optado ahora por la desconexión forzosa de granjas. El Ministerio de Energía Eléctrica justificó el veto como una medida de protección para estabilizar el suministro residencial.
La persecución a la actividad ha escalado a niveles de vigilancia ciudadana. En el estado Carabobo, las autoridades regionales ofrecieron recompensas de hasta 1.000 dólares a quienes denuncien la ubicación de equipos de minería.
Aunque la posesión de hardware no es ilegal, su operación sin permisos —actualmente suspendidos— conlleva sanciones penales bajo el argumento de daño al sistema eléctrico.
