Peter Van Valkenburgh, director de Coin Center, lanzó una advertencia directa sobre el futuro de la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos al referirse al debate en torno a la Ley Clarity.
En un comentario publicado en X, sostuvo que el verdadero riesgo no está en regular más, sino en dejar a los desarrolladores sin protecciones legales claras, lo que -según él- abriría la puerta a un escenario de persecución regulatoria y discrecionalidad política.
La ley Clarity sigue más estancada que nunca, como reportó KriptoNoticias, se planteó el 1 de marzo como fecha tope para que los banqueros y empresarios de criptomonedas llegaran a un acuerdo pero está lejos de ser la realidad.
Sobre esto, Van Valkenburgh cuestionó que, sin una legislación como Clarity, el ecosistema podría quedar expuesto a interpretaciones agresivas por parte de distintas agencias federales. En su texto, habló de un posible uso expansivo de normas contra desarrolladores de herramientas de privacidad, además de una lectura más severa de las reglas sobre valores, transmisión de dinero y obligaciones antilavado.
El directivo de Coin Center también advirtió que el problema no sería solo técnico, sino político: a su juicio, sin protecciones estatutarias para el software y la infraestructura abierta, el sector quedaría a merced de “la discreción prosecutorial, la moda política y el miedo”. En ese contexto, describió como un riesgo real que tanto sectores de línea dura en seguridad nacional como corrientes autoritarias puedan usar leyes ambiguas contra tecnologías neutrales o disidentes.
Para Van Valkenburgh, la discusión sobre Clarity no debería centrarse en la administración actual, sino en blindar al sector frente a futuros gobiernos. Su mensaje fue tajante: si el Congreso pierde esta oportunidad, el resultado podría ser un entorno que él mismo resumió como “crypto hell”, un “infierno cripto” marcado por incertidumbre legal, presión regulatoria y una mayor amenaza para la innovación.
¿Qué significa el “infierno cripto” sin la ley Clarity?
En su análisis, Van Valkenburgh no se quedó en lo abstracto y delineó cómo se vería concretamente ese escenario sin una ley que establezca límites claros:
El Departamento de Justicia (DOJ) podría seguir utilizando de forma amplia la sección 18 U.S.C. -1960 para procesar a desarrolladores de herramientas de privacidad, tratándolos como transmisores de dinero sin licencia, incluso cuando su función sea puramente tecnológica.
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tendría margen para revocar orientaciones previas y adoptar una postura más agresiva, clasificando a la mayoría de los criptoactivos como valores. Además, podría reactivar intentos de ampliar la definición de “intermediarios” bajo la Ley de Intercambio, lo que afectaría a desarrolladores y proveedores de infraestructura siempre que su software interactúe con activos tokenizados.
Por su parte, el Departamento del Tesoro y FinCEN podrían impulsar interpretaciones más estrictas de la Ley de Secreto Bancario, ampliando el concepto de “institución financiera” para imponer obligaciones de AML (antilavado de dinero) y KYC (conoce a tu cliente) a actores dentro de la web descentralizada, incluso a aquellos que no custodian fondos.
Bajo este panorama, la advertencia de Van Valkenburgh va más allá de una disputa legislativa, y se centra en la decisión sobre si el futuro estará regido por reglas claras o por la interpretación cambiante de los reguladores que afecten el desarrollo del ecosistema.
