Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York solicitaron a la jueza Katherine Polk Failla programar un segundo proceso contra Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Su idea es resolver los cargos de conspiración para el lavado de dinero y violación de sanciones internacionales.
La petición, presentada mediante una carta el 9 de marzo de 2026, busca abordar las acusaciones en las que un jurado previo no logró alcanzar la unanimidad necesaria para un veredicto.
Este movimiento del Departamento de Justicia (DOJ) reabre una disputa que el año pasado parecía haber encontrado un cierre parcial. Sucedió en julio de 2025 y tras cuatro semanas de debate jurídico, Storm fue condenado únicamente por el cargo menor de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Sin embargo, el estancamiento del jurado respecto a los delitos que conllevan penas de hasta 20 años de prisión condujo a las autoridades a insistir en una nueva fecha de comparecencia, propuesta tentativamente para el 5 o 12 de octubre de 2026.
El caso, originado en agosto de 2023, se centra en la naturaleza de Tornado Cash, un protocolo descentralizado sobre la red Ethereum que permite anonimizar transacciones, como lo ha reportado KriptoNoticias.
Límites en la responsabilidad sobre el uso de código
Mientras el gobierno sostiene que Storm y su socio, Roman Semenov, operaron conscientemente una herramienta que procesó más de 1.000 millones de dólares en fondos ilícitos, incluyendo capitales vinculados a grupos de hackeo norcoreanos, la defensa mantiene una postura basada en la libertad de expresión. Argumentan que Storm se limitó a desarrollar y publicar código abierto, careciendo de control efectivo sobre el uso que terceros pudieran darle a la herramienta.
La insistencia de la fiscalía se produce en un entorno regulatorio contradictorio. En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. dio un giro inesperado allevantar las sanciones contra Tornado Cash. Y ahora en marzo de 2026, la agencia reconoce explícitamente que los «mezcladores» de criptomonedas poseen usos legítimos para la protección de la privacidad personal.
Este reconocimiento ha sido capitalizado por grupos civiles como el DeFi Education Fund, quienes critican la persistencia del DOJ y señalan deficiencias probatorias en el proceso original.
Incluso dentro de la judicatura, la responsabilidad de los programadores es objeto de debate. La propia juezaFailla sugirió anteriormente, en litigios relacionados con otros protocolos como Uniswap, que responsabilizar a los desarrolladores por las acciones de usuarios externos podría carecer de base lógica.
Mientras tanto, el futuro inmediato de Storm depende de una moción para anular su condena previa, la cual se argumentará el 9 de abril de 2026.
«Hoy, los fiscales presentaron una carta solicitando una fecha para un nuevo juicio. Quieren volver a intentarlo en octubre», confirmó el propio Storm a través de una publicación en la red social X. Esta determinación de las autoridades destaca que, a pesar de los avances regulatorios en favor de la privacidad, el Estado mantiene su presión sobre los desarrolladores de protocolos descentralizados.
Después de todo, en un ecosistema donde la transparencia de la cadena de bloques choca con el derecho al anonimato, este proceso judicial se perfila como el estándar para definir si la creación de código puede ser, en sí misma, un acto criminal.
