La campaña “Recuperar América”, una iniciativa centrada en combatir el narcotráfico, condujo a una operación en la que se confiscaron 10 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Esta acción es parte de una serie de medidas destinadas a debilitar financieramente a las organizaciones delictivas mexicanas.
El anuncio de la operación fue hecho en Miami por el director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Robert Murphy, y la fiscal general Pamela Bondi. La iniciativa “Recuperar América” se creó durante la administración de Donald Trump y ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías e instrumentos de inteligencia para detectar operaciones financieras relacionadas con estos grupos delictivos.
Murphy explicó que la capacidad de detectar y desmantelar las operaciones financieras de los cárteles de la droga se ha fortalecido gracias a la ley HALT Fentanyl (“Ley para Detener Todo Tráfico Letal de Fentanilo”) y a los recientes paquetes presupuestarios del gobierno. Según él, cada incautación es un golpe estratégico al sistema financiero de los cárteles y evidencia la extensión de su influencia en Estados Unidos.
Además de la lucha contra las finanzas de los cárteles, se realizan incautaciones regulares de mercancías. Solo durante el fin de semana del 4 de julio, se decomisaron 72 kilogramos de fentanilo y 20 kilogramos de metanfetamina cerca de una universidad en Carolina del Sur, y 24 libras de carfentanilo, un opioide extremadamente potente, en Fresno, California.
En otro giro importante en la lucha contra el Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue trasladado a una ubicación no revelada bajo custodia federal especial. Este movimiento ocurrió después de que Guzmán López se declaró culpable de varios cargos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Guzmán López fue arrestado en enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, en una operación conjunta entre las autoridades mexicanas y las agencias de inteligencia de Estados Unidos denominada Operación Mangosta Azteca. Aunque su traslado no significa que sea libre, sí indica que está bajo un régimen de protección para testigos colaboradores. Como parte del acuerdo con la justicia estadounidense, se comprometió a proporcionar información que podría ser crucial para futuras investigaciones contra miembros del Cártel de Sinaloa.
