La Ley GENIUS, recientemente aprobada en el congreso de Estados Unidos, ha sido recibida con entusiasmo por sus defensores, que la consideran un avance significativo hacia la modernización del sistema financiero. Sin embargo, Alex Gladstein, director de estrategia de la Human Rights Foundation, ve en esta medida un peligro para la privacidad individual y un excesivo control gubernamental sobre las finanzas personales.
Según Gladstein, la Ley GENIUS facilita la creación de un sistema de vigilancia y control total, donde los gobiernos pueden inspeccionar, congelar, incautar y gestionar los fondos de los ciudadanos. La ley fue impulsada por el senador republicano Bill Hagerty y aprobada por una mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes. Esta nueva norma establece por primera vez un marco legal para las stablecoins en Estados Unidos.
La Ley GENIUS exige que las stablecoins estén respaldadas en una proporción de 1:1 con reservas líquidas y que sus emisores se sometan a auditorías y a estrictos requisitos de cumplimiento. Para muchos legisladores, esta estructura regulatoria proporciona seguridad jurídica, fomenta la innovación y fortalece la posición del dólar. Sin embargo, sus detractores sostienen que sus efectos serán justamente los contrarios.
Sterlin Lujan, activista y escritor, fue uno de los primeros en señalar lo que percibe como una contradicción fundamental en la Ley GENIUS. Asegura que los emisores desarrollarán capacidades técnicas para bloquear, congelar y rechazar transacciones que consideren ilegales, al igual que cualquier banco convencional. Para Lujan, la Ley GENIUS no es favorable para las criptomonedas ni para la innovación, sino todo lo contrario. Cree que la normativa permitirá la circulación de tokens de contabilidad digital centralizados, lo que equivale a extender el sistema bancario tradicional al mundo digital sin ofrecer beneficios reales a aquellos que buscan independencia financiera.
A pesar de las críticas, algunos usuarios han aportado una visión más pragmática. Un usuario sugirió que no debería sorprender que la Ley GENIUS permita solo la circulación de tokens digitales centralizados en vez de criptomonedas descentralizadas como el bitcoin. Otro usuario minimizó el impacto de la ley, argumentando que las stablecoins son útiles en ciertas circunstancias y que simplemente habrá que ser cauteloso al usarlas.
El debate no se centra en la utilidad de las stablecoins, que muchos en el ecosistema cripto reconocen como un valioso puente entre el dinero fiduciario y las criptomonedas descentralizadas, sino en las condiciones en las que podrán utilizarse en el futuro. La Ley GENIUS plantea un hito en la historia legislativa de EE. UU. respecto a los criptoactivos, pero también revela una división profunda en el debate sobre el futuro del dinero: ¿Debe la regulación proteger al usuario o servir para vigilarlo?
Las preocupaciones de Gladstein y Lujan encuentran respaldo en algunas disposiciones de la legislación. Por ejemplo, la sección 4(a)(5) obliga a los emisores de stablecoins a cumplir con la Ley de Secreto Bancario, lo que implica recopilar datos detallados de los usuarios, monitorizar transacciones y reportar actividades sospechosas. Además, la sección 4(a)(6)(B) exige que los emisores tengan capacidades tecnológicas para congelar o incautar fondos en respuesta a órdenes legales, lo que otorga al gobierno un poder directo sobre las finanzas de los usuarios.
La Ley GENIUS representa un importante paso en la regulación de un mercado en constante evolución, brindando mayor seguridad y claridad legal. Sin embargo, también plantea preocupaciones legítimas sobre la privacidad y el control financiero que no deben ser pasadas por alto. Por tanto, es crucial que tanto los legisladores como los usuarios del ecosistema mantengan un diálogo abierto para equilibrar innovación, protección y respeto a las libertades individuales.
