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Las empresas esperan que haya claridad hacia finales de año, pero pudiera haber retrasos.
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La idea es que, con la normativa, pueda existir competencia con Estados Unidos.
Un grupo de 40 empresas financieras y tecnológicas envió una carta formal a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo con un mensaje de urgencia: Europa necesita un marco regulatorio ágil para la tokenización de activos (RWA, en inglés) o perderá la carrera global.
Por ello, las entidades solicitan que la normativa sobre activos digitales separe del paquete financiero general, a fin de evitar los retrasos burocráticos que, según estas empresas, amenazan con posponer las definiciones legales hasta finales de año.
La carta, firmada por gigantes como Nasdaq, Boerse Stuttgart Group, Danske Bank y las españolas Alastria y STX (de Bit2Me), señala que el actual «Régimen Piloto» de infraestructuras de Tecnología de Registro Distribuido (DLT) se ha convertido en un «techo de cristal». Según las empresas, las limitaciones técnicas y temporales de la normativa vigente impiden que la región compita con la reciente actividad regulatoria y comercial de Estados Unidos.
En este sentido, el sector privado advierte que el proceso legislativo europeo es demasiado lento para la velocidad de la industria. Mientras la Unión Europea debate un paquete complejo que incluye la supervisión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), en Estados Unidos la administración y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) están impulsando mercados de capitales sobre redes que utilizan tecnología de contabilidad distribuida, similar a la que sustenta a Bitcoin.
Es importante explicar en este punto que los RWA son activos tradicionales del mundo real (inmuebles, bonos del gobierno, oro, acciones, facturas, etc.) que se tokenizan o que se convierten en tokens digitales en una red de contabilidad distribuida conocidas popularmente como «blockchain». Esto permite que se puedan comprar, vender, fraccionar o usar dentro del ecosistema de las criptomonedas (especialmente en DeFi) de forma más rápida, transparente y accesible.
Entre las peticiones técnicas clave que el consorcio puso sobre la mesa destaca la eliminación de las restricciones sobre las clases de activos admisibles. Actualmente, el marco legal limita la emisión de acciones digitales a empresas con una capitalización bursátil inferior a 500 millones de euros, una barrera que la industria pide derribar para atraer a grandes emisores.
Asimismo, las entidades proponen aumentar los límites globales de volumen de activos procesados, pasando de los 9 billones de euros actuales a una escala de entre 100 y 150 billones de euros. Otra demanda fundamental es la eliminación de la temporalidad de las licencias, que hoy caducan a los seis años, lo que, argumentan, genera una inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión institucional a largo plazo, según reportes del medio español Cinco Días.
Sin embargo, a pesar del impulso de las empresas, desde el sector público persisten dudas sobre la robustez de la infraestructura. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha señalado que la fragmentación operativa es uno de los mayores frenos para el ecosistema. Según el funcionario, el hecho de que múltiples redes operen de forma aislada impide que el sistema financiero aproveche las economías de escala y aumenta los costes de integración, como informó KriptoNoticias.
En línea con esto, Cipollone también advierte sobre un obstáculo monetario relevante: la falta de un activo de liquidación público. Al no existir un euro digital plenamente operativo, el mercado depende de activos digitales privados o monedas estables emitidas por empresas, lo que, a juicio del BCE, introduce riesgos de crédito y volatilidad que no existen en el dinero de banco central.
Este movimiento de las 40 compañías ocurre en un contexto donde la tokenización se percibe como una reconfiguración profunda de la infraestructura financiera tradicional. Proyectos como el de Deutsche Börse, que invirtió 200 millones de dólares para expandir su oferta de activos digitales, o las iniciativas de Bit2Me en España, demuestran que la industria está lista para operar bajo modelos de liquidación instantánea 24/7.
La industria concluye que, sin una intervención legislativa inmediata que proporcione claridad antes de que finalice 2026, Europa corre el riesgo de ceder su soberanía tecnológica y financiera a jurisdicciones más ágiles. La implementación de «soluciones rápidas» independientes se presenta como el requisito mínimo para que el viejo continente no pierda la carrera frente a la expansión de los mercados de capitales tokenizados en Estados Unidos.
