Tres congresistas de Estados Unidos presentaron el 26 de febrero la Ley de Promoción de la Innovación en el Desarrollo de Blockchain de 2026, una iniciativa bipartidista diseñada para blindar a los desarrolladores de Bitcoin frente a interpretaciones legales que los equiparan con transmisores de dinero.
La propuesta busca corregir la aplicación de la sección 1960 del código penal, la cual ha sido utilizada recientemente por el Departamento de Justicia para procesar a creadores de herramientas de privacidad y protocolos de código abierto.
Esta pieza legislativa fue introducida por los representantes Scott Fitzgerald, Ben Cline y Zoe Lofgren. El objetivo central es establecer una distinción clara: la normativa de transmisión de dinero solo debe aplicarse a los actores que ejercen un control real sobre los activos digitales de los clientes.
Al excluir a quienes únicamente escriben código sin manejar capital ajeno, el proyecto busca frenar lo que la industria ha denominado como «regulación mediante la ejecución», un fenómeno que ha afectado a proyectos vinculados a la privacidad y las finanzas descentralizadas (DeFi), como el caso de Tornado Cash y Samourai Wallet.
El congresista Cline subrayó la necesidad de esta medida para mantener la competitividad tecnológica del país. Según sus declaraciones, durante «demasiado tiempo» el exceso de autoridad federal «ha desdibujado la línea entre los malos actores y los innovadores que construyen tecnología de próxima generación».
Algo similar sugiere Fitzgerald, quien cuestiona que durante años los innovadores y desarrolladores de software han estado en el punto de mira de los reguladores. Coincide con Lofgren, quien explicó que actualmente se observa cómo la aplicación errónea de la ley vigente perjudica la innovación y expulsa a los desarrolladores fuera del país.
Este no es el único esfuerzo legislativo en esta dirección. El pasado 13 de enero, los senadores Cynthia Lummis y Ron Wyden introdujeron la Ley de Certeza Regulatoria para Blockchain, como informó KriptoNoticias.
Aquella propuesta también enfatiza que los proveedores de infraestructura y desarrolladores de software que no poseen el control de los fondos de los usuarios no deben ser clasificados como transmisores de dinero. En ese sentido, la senadora Lummis ha sido enfática al declarar que es hora de dejar de tratar a los desarrolladores de software como bancos simplemente porque escriben código.
La urgencia de estas leyes surge tras casos judiciales de renombre, como los de Tornado Cash y Samourai Wallet, cuyos desarrolladores principales están presos. En ambos, las autoridades aplicaron la sección 1960 a pesar de que los programadores no custodiaban las monedas digitales de los usuarios.
Según datos de DeFi Education Fund (DEF), la falta de reglas claras ha provocado que la participación de Estados Unidos en el desarrollo de software de código abierto caiga del 25% en 2021 al 18% en 2025, a medida que los innovadores migran hacia países con mayor seguridad jurídica.
