El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, anunció que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) enviará personal de tiempo completo al país a partir de junio.
La medida forma parte de una cooperación bilateral que busca intensificar el seguimiento a criptomonedas usadas en el lavado de activos de organizaciones criminales.
Justiniano, conocido como el “zar antidrogas”, hizo las declaraciones tras reunirse con autoridades de la DEA durante una visita oficial a Estados Unidos. Según explicó, el eje central de las conversaciones fue la red criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, vinculada también a facciones brasileñas como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
“Estamos haciendo seguimiento a las criptomonedas y al dinero de las organizaciones criminales”, afirmó el funcionario. El anuncio representa un paso más en la reactivación de la relación entre Bolivia y la DEA, interrumpida desde 2008 cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó a los agentes estadounidenses.
Si bien Justiniano fue claro al decir que se hará seguimiento a los activos digitales, no queda claro cómo será ese seguimiento. Según lo dicho por el funcionario, serán las autoridades estadounidenses, en coordinación con las bolivianas, las que utilicen herramientas de inteligencia blockchain para las investigaciones.
Ya agencias de Estados Unidos como el Servicio Secreto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Ejército y hasta la propia Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han contratado servicios de empresas de «vigilancia blockchain» como Chainalysis, Elliptic, CipherTrace o Coinbase, como lo ha reportado KriptoNoticias.
Desde inicios de 2026, bajo el gobierno del presidente Rodrigo Paz, ambos países han retomado el intercambio de inteligencia y capacitaciones, aunque sin presencia permanente hasta ahora.
Justiniano detalló que los agentes que llegarán en junio se dedicarán principalmente a tareas de inteligencia y apoyo administrativo, replicando modelos ya existentes en países vecinos.
El viceministro enfatizó la necesidad de “impactar económicamente” a las mafias para evitar que se reconstituyan tras golpes operativos. En ese sentido, el rastreo de transacciones en criptomonedas se presenta como una herramienta clave, ya que estas redes han diversificado sus mecanismos de lavado más allá del sistema financiero tradicional.
La cooperación incluye también el intercambio sostenido de información sobre precursores químicos y rutas de exportación. Autoridades bolivianas han destacado que el trabajo conjunto ya ha generado resultados en investigaciones transnacionales, aunque aún se ultiman detalles del acuerdo marco a través de la Cancillería.
Bolivia, tercer productor mundial de coca, enfrenta un panorama complejo: estimaciones oficiales indican alrededor de 40.000 hectáreas de cultivos y una producción potencial de 300 toneladas de cocaína al año.
Expertos en seguridad regional consideran que esta mayor presencia de la DEA podría fortalecer las capacidades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), pero también plantean desafíos logísticos y de soberanía que el gobierno boliviano deberá equilibrar. Por ahora, Justiniano aseguró que la llegada de personal no implica operaciones unilaterales, sino un trabajo coordinado bajo la ley boliviana.
